El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que estableció una serie de advertencias a propósito de los hechos de proselitismo armado protagonizados por los jefes negociadores de las FARC en el corregimiento de Conejo, en jurisdicción de Fonseca, La Guajira. 

En la comunicación, el Procurador justificó que hace las advertencias para evitar que se repita la experiencia del Caguán, pero ahora con el rótulo de "zonas de ubicación". 

 "Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo, esto es, su disolución como aparato militar. Por tanto, las zonas de ubicación solo se pueden implementar posteriormente a la firma del Acuerdo Final, el cual deberá contener las reglas sobre el desarme y la desmovilización, al igual que el cronograma pactado por el Gobierno y las FARC”, señaló el procurador general en la misiva.

El jefe del órgano de control advierte igualmente que de no restringirse la creación de las “zonas de concentración” a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Policía podrían verse en la obligación de brindar seguridad a estructuras armadas de la guerrilla cuando persiste el conflicto armado en Colombia, es decir, paralizar su acción institucional ante una “injustificada gabela a los grupos ilegales”.  
 
“También dice el proyecto: ‘En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso’. Esto ratifica que la creación, duración y final de las ‘zonas de ubicación’ no está supeditada a la desmovilización y el desarme, sino al final del proceso de paz; lo cual genera serios riesgos en la aplicación de la figura. Por ejemplo, ¿cuándo finaliza el proceso? ¿Cuándo se cumplan los acuerdos con las FARC? El Gobierno ha señalado que esto puede durar 10 años. ¿Se mantendrán entonces por una década o más esas zonas de ubicación bajo control de las FARC? ¿Durante ese tiempo los guerrilleros estarían protegidos ante las órdenes de captura?", se preguntó el Procurador.